TEGUCIGALPA. El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, ha oficializado una intervención administrativa sin precedentes sobre los recursos asignados a su predecesora, Rebeca Ráquel Obando. La orden instruye una auditoría técnica y administrativa inmediata sobre la flotilla vehicular que estuvo bajo el mando de la exmagistrada, tras una serie de denuncias que apuntan a un presunto uso discrecional y abusivo de bienes del Estado.

​Comparecencia de 28 conductores

La medida no se limita al inventario físico de las unidades. La presidencia de la CSJ ha citado formalmente a 28 conductores para brindar declaraciones sobre las rutas, bitácoras de combustible y el uso real que se le dio a los vehículos. Esta acción busca determinar si los empleados cumplieron funciones estrictamente institucionales o si fueron derivados a tareas particulares para el entorno cercano de Obando.

​El escándalo de los vehículos blindados

El punto más crítico de la investigación se centra en la existencia de 35 vehículos rentados de alta gama y con blindaje especial. Según fuentes internas del Poder Judicial, estas unidades no habrían sido utilizadas para la protección de magistrados en funciones, sino que fueron distribuidas entre el círculo familiar de la expresidenta, incluyendo a su esposo, hijos y parientes políticos.

​Resistencia a la devolución

Pese a los requerimientos oficiales, Obando se ha negado a reintegrar los automotores. La exfuncionaria sostiene que su integridad física y la de su familia dependen de estas unidades, amparándose en los protocolos de seguridad para ex-altos cargos. No obstante, la auditoría buscará establecer si la magnitud de la protección actual excede los límites legales y presupuestarios, representando una carga injustificada para el erario público.